EL RUMBO DE LA JUSTICIA MILITAR POLICIAL

Contralmirante CJ(r) Carlos Enrique Mesa Angosto
Presidente del Fuero Militar Policial

Es increíble como algunas ONGs con sesgo antimilitar buscan aprovechar la coyuntura de cambio de gobierno para promover su propia agenda y resucitar su objetivo particular de suprimir el fuero de justicia militar policial. No dudan para ello en desacreditar la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional y recurrir a propuestas que ya han perdido vigencia, demostrando total desconocimiento de las importantes reformas que se han realizado.

El Fuero Militar Policial, que existe y persiste por mandato constitucional, se encuentra en un franco proceso de modernización tanto en el aspecto jurisdiccional como en su estructura administrativa, aplicando principios de eficiencia que van a optimizar la administración de justicia especializada y ahorrar importantes recursos al Estado. Para estos propósitos se ha comenzado a aplicar el nuevo Código Penal Militar Policial bajo un modelo acusatorio-adversarial semejante al del fuero común y se ha implementado una nueva organización que consolida las antiguas zonas y juzgados, que existían por cada instituto de las FF.AA. y Policía, para establecer tribunales superiores y juzgados integrados por magistrados con alta formación y experiencia jurídica militar policial, procedentes de todas las armas.

Estos cambios son trascendentales y garantizan la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales militares y aseguran el derecho al debido proceso, en concordancia con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
"Puedo asegurar que nunca antes la justicia militar policial peruana ha estado mejor enrumbada a lograr sus altos objetivos de garantizar la firme disciplina que se requiere para contar con fuerzas armadas y policiales verdaderamente éticas, eficientes y respetuosas de los derechos humanos.".

A los abogados de las ONGs que nos cuestionan, considero necesario aclararles que las sugerencias de la CERIAJUS y la Corte Suprema de hace algunos años han sido superadas por la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que el propio Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín ha ratificado que la decisión del TC ha sido “consolidar la jurisdicción de la justicia militar con sus propias y particulares características”[1]. Este fortalecimiento institucional del Fuero Militar Policial se ha hecho evidente además en el ámbito internacional en las tres oportunidades en que hemos asistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde se ha reconocido nuestros avances. En dicho foro incluso se ha hecho mención de que la justicia militar peruana puede ser un ejemplo para Latinoamérica[2].

Para concluir, añado la reciente opinión del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Dr. Santiago Cantón, orador invitado en la última cumbre de Justicia Militar realizada en Lima, en el sentido que ni la Comisión, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recomendado jamás desaparecer la justicia militar, sino precisarla al juzgamiento de militares y solo por delitos de función, ateniéndose a los estándares establecidos por el Sistema. Y en eso precisamente estamos. Puedo asegurar que nunca antes la justicia militar policial peruana ha estado mejor enrumbada a lograr sus altos objetivos de garantizar la firme disciplina que se requiere para contar con fuerzas armadas y policiales verdaderamente éticas, eficientes y respetuosas de los derechos humanos.