El derecho a la justicia para los militares

Tribuna libre. Diario Expreso, 19 de junio de 2009
Contralmirante CJ (r) Carlos E. Mesa Angosto (*)

Los militares peruanos no creemos en teorías de la conspiración porque nuestra formación y moral nos relacionan directamente con las cuestiones fácticas a las que debemos enfrentar en el ejercicio de nuestra misión. Por ello no creemos que exista un plan soterrado para dañar la moral de las Fuerzas Armadas y Policiales, y menos aún para neutralizarlas o desaparecerlas. Esa sería una ambición inalcanzable para cualquier fuerza interna o externa. Lo que sí existe en nuestro país es la acción directa, abierta y financiada de algunas organizaciones que atentan contra los derechos de nuestros militares y policías, especialmente contra su derecho a la justicia.

El 19 de octubre de 2007, Sala Penal Nacional absolvió por falta de pruebas a tres jefes militaresque prestaron servicio durante la lucha contra el terrorismo en el frente político militar de Ayacucho. Ellos son los generales EP Petronio Fernández, jefe Político Militar de Ayacucho; Raúl O'Connor, jefe de Estado Mayor Operativo, y Donato Saavedra, jefe de Estado Mayor Administrativo, demandados como “autores materiales” de la desaparición del dirigente Eladio Mancilla en junio de 1990. Dicha instancia judicial, que asumió las más amplias competencias para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad y que tiene entre sus actuados innumerables sentencias condenatorias, consideró inadmisible el caso ateniéndose a los principios del derecho.

Hoy, 19 años después de los hechos --denunciados sin pruebas-- y dos años después de la sentencia absolutoria de la Sala Penal Nacional, el caso es llevado nuevamente a la justicia por acción de la Aprodeh, institución dedicada a tiempo completo a perseguir a miembros de las FF AA y PNP. En la lógica de esta organización, todo peruano que vistió uniforme y empuñó las armas para luchar contra el terrorismo, en los momentos más cruentos, en las condiciones más críticas y situaciones extremas para la acción de una fuerza regular, debe ser llevado a los tribunales sin la posibilidad de ser declarado inocente.

En ese empeño la Aprodeh no sólo patrocina los casos que podrían reunir méritos de posibles excesos o delitos contra la integridad de las personas, en hechos acaecidos durante los días más nefastos de la violencia terrorista, en los cuales ciudadanos con y sin uniforme sufrieron trágicas consecuencias; sino que se retrotrae con falta de objetividad incluso a casos que fueron desestimados por la propia Comisión de la Verdad. Este es el caso de los generales Fernández, O’Connor y Saavedra, quienes sirvieron en Ayacucho durante la guerra antiterrorista.

En los próximos días, este caso, que ya había sido resuelto por una Sala Penal Nacional, será decidido nuevamente por otra instancia, la 1ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. La Aprodeh, impulsora de la acusación, arguye en la voz de uno de sus representantes que la anterior instancia “desmereció la responsabilidad de los procesados y no tomó en cuenta el contexto de otras desapariciones”. Si estas son las razones por las que se juzga y re-juzga a tres ciudadanos con uniforme militar, ¿cuáles son los referentes del derecho que maneja esa organización? ¿Puede el “contexto” incriminar a un soldado o a una autoridad político militar “por otras desapariciones”?, ¿O es que para la Aprodeh todo militar es culpable por una simple asociación de ideas?

Estas tropelías orquestadas por un frente de intereses políticos, que mezcla fácilmente los derechos humanos con sus propios fines particulares, están muy lejos de desmoralizar a nuestras FF AA. Pero es muy importante llamar una vez más la atención sobre los derechos humanos de nuestros soldados y policías porque, como se puede ver, son blanco permanente de juicios y denuncias sin importar su grado ni responsabilidad. Exigimos respeto al derecho a la justicia y al debido proceso que asiste a militares y policías y a contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad en el país.

(*) Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial